¿Dispuestos a desobedecer?

Escrito por Elisenda Ariza el . Posteado en Reportajes

Personas que se agolpan delante de una vivienda para evitar el desahucio de una familia, pacientes que rechazan pagar el euro por receta, conductores que se niegan a pagar el peaje e insumisos fiscales. Las acciones de desobediencia civil -incumplir una ley que se considera ilegítima- parecen estar aumentado en los últimos tiempos. Pero, ¿qué implica la desobediencia civil? ¿Estamos dispuestos a desobedecer asumiendo las consecuencias?

En 1971 Pepe Beunza, un joven de Valencia, se negaba a hacer el servicio militar y se declaraba objetor de conciencia, pagando todo ello con la cárcel. Emprendía una campaña no violenta para reclamar un servicio civil sustitutorio que levantó simpatías y tuvo muchos apoyos. Unos pocos años más tarde, jóvenes de todo el estado también se declararon objetores y fueron, como Pepe, a la cárcel.

Pepe Beunza, primer objetor de conciencia contra la mili forzosa

Martí Olivellas tampoco quería participar en el ejército “ni prepararse para la guerra”, así que cuando conoció al grupo que apoyaba a Pepe Beunza empezó a colaborar con ellos. En Can Serra, un barrio del Hospitalet de Llobregat donde había un fuerte movimiento vecinal, Martí y otros tres jóvenes decidieron poner en marcha un servicio civil alternativo, era el verano de 1975. “Intentamos demostrar que no hacer la mili no implicaba escaquearse, queríamos dedicar nuestra energía a construir las bases de justicia social y equidad, que son las bases de la paz”, asegura Martí. Pero la decisión de hacerse objetor no era fácil porque se arriesgaban a condenas en cadena: “Si te negabas a hacer la mili te encarcelaban un año, al salir si te volvías a negar, otro año más y así hasta los 35 años que se acababa la edad para hacer la mili”.

En Can Serra construyeron una guardería, un centro para la tercera edad, colaboraban con la parroquia, con la asociación de vecinos… En noviembre ya eran once personas las que trabajaban en ese servicio civil alternativo. La Nochebuena de ese año, 1975, repartieron por varias parroquias un manifiesto llamado “Camino por la paz” donde explicaban su campaña no violenta y las razones para negarse a hacer la mili así como dónde localizarles. Durante una manifestación proamnistía, un primer grupo de los “objetores de Can Serra” fue detenido el 7 de febrero de 1976 y encarcelado en el Castillo de San Fernando, en Figueres. Martí y otros compañeros se plantaron en la caja de reclutas: “Les dijimos que o bien liberaban a los objetores que habían ido deteniendo de uno en uno o nos detenían a todos”. Y así fue, les llevaron detenidos al Castillo de Figueres.

Algunos objetores fueron liberados en la Amnistía parcial de julio de 1976 y el resto saldría tras la ley de Amnistía de octubre de 1977. En ese tiempo se redactaron propuestas de ley que regulasen la objeción de conciencia. Finalmente, la Constitución de 1978 recogió en su artículo 30 ese derecho a la objeción, pero la ley que regulaba el servicio civil sustitutorio no llegó hasta el 1984. Hasta que se abolió la mili en el año 2001 se declararon más de un millón de objetores de conciencia.

En realidad, los primeros que se negaron a hacer el servicio militar en España fueron los Testigos de Jehová, que ya a mediados de los 50 fueron encarcelados por ello. La diferencia con los objetores es que los Testigos lo hacían por motivos religiosos, sin exigir que se reconociera la objeción de conciencia.

A finales de los 80, surgió una nueva generación de objetores, los insumisos, que se negaban también a hacer el servicio civil. Explica Martí Olivella que se trataba de “un grado más de exigencia: el objetivo era no legitimar que el ejército existiese de otra forma”. El movimiento insumiso llegó a aglutinar a 30.000 hombres y hubo un momento en que “algunas cárceles tenían encerrados más de 200 insumisos”. En este punto, Martí cita a Gandhi y afirma: “cualquier acción de desobediencia civil tiene efecto a partir del momento que el número de gente detenida por desobedecer la ley no cabe en las cárceles”.

 

No a los consejos de Guerra contra los insumisos, 1985

De la objeción de conciencia a la objeción fiscal

El economista Arcadi Oliveres es presidente de la fundación Justicia y Paz, entidad que apoyó a los primeros insumisos. Desde hace 30 años promueven la objeción fiscal a los gastos militares; en total son 3.000 las personas que en todo el estado se niegan a pagar a Hacienda la parte proporcional de sus impuestos que irán a Defensa.

Oliveres pone un ejemplo con cantidades ilustrativas de cómo se hace esta acción: “Si a ti te toca pagar 1.000 euros a Hacienda y durante el año ya has pagado 800, cuando haces la declaración en junio te sale a pagar 200 euros. Bien, si el presupuesto para Defensa es del 5%, de esos 200 te niegas a pagar 10 euros. Pero tú quieres demostrar que no los pagas en desacuerdo con el gasto militar y no porque no quieras contribuir. Entonces haces una aportación de 10 euros a una ONG y pides el recibo. Cuando haces la declaración escribes una carta explicando que te niegas a que parte de tus impuestos se destinen a Defensa y aportas el recibo del donativo que has hecho a la ONG”. ¿Qué pasa luego? “Si resulta que verifican tu declaración (porque está comprobado que no verifican todas) te enviarán una carta reclamándote los 10 euros. Tú no haces caso y entonces te volverán a enviar otra carta en la que, además de los 10 euros, te exigirán 20 más por intereses. Llegará otro requerimiento y al final te acabarán embargando de la cuenta la cantidad que has dejado de contribuir”.

Acabar pagando no solo la cuantía que dejan de pagar en su declaración de la renta sino también los intereses no desanima a Oliveres porque “las libertades a lo largo de la historia nunca se han regalado, se han conquistado”. Insiste en que para evitar un año y medio en la mili, los insumisos se pasaban tres en la cárcel y, aunque califica de “resultado poco brillante” la cantidad de gente que en España hace objeción fiscal, añade que “se trata de una acción pedagógica y de presión”.

 

1977, objetores pidiendo la liberación de sus compañeros detenidos

 

Los “early riders”, aquellos que cabalgaron primero

Según explica el profesor de políticas de la Universitat de Girona Raimundo Viejo, “en las sociedades democráticas contemporáneas la desobediencia normalmente es a pequeña escala”. Muestra de esto es que, según el Institut Catalá de la Salut, durante el tiempo que ha estado vigente el euro por receta en Cataluña, sólo en un 0’07% de las recetas mensuales se ha dejado de pagar la tasa. Viejo añade que los movimientos sociales se desarrollan siguiendo ciclos. Primero “hay un pequeño grupo de gente a los que se les llama early riders, los que cabalgan primero. Son gente innovadora, más crítica y con un razonamiento político elevado. Esta gente es desobediente, como los insumisos o los okupas. Y cuando esta gente acierta con sus acciones, si son muy llamativas y si se dan las condiciones estructurales oportunas, la gente se añade”.

Veamos ahora otro ejemplo de desobediencia civil más reciente. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la PAH, empieza su andadura formalmente en 2009 pero viene de lejos. Su origen está en V de Vivienda, un movimiento surgido en 2006, en plena burbuja inmobiliaria, que reivindicaba una vivienda digna. “La gente que veníamos de V de Vivienda”, cuenta la portavoz de la PAH, Ada Colau, “sabíamos que había un problema de sobreendeudamiento, y por eso sabíamos también que la burbuja estallaría, habría mucha gente que no podría pagar la hipoteca y que entonces se producirían desahucios masivos”. En 2008 empezaron a trabajar sobre las ejecuciones hipotecarias y la PAH se constituyó formalmente en febrero de 2009. Entonces se dieron cuenta, dice Colau, de que era peor de lo que habían imaginado: descubrieron que la gente, aun habiendo entregado el piso por no poder pagar la hipoteca, seguía en deuda con el banco.

Pero la PAH no surge solo para ayudar a estas personas sino que lo hacen “con la idea de aprovechar la gran estafa hipotecaria para intentar que cambie de una vez por todas el modelo económico”. Fueron ellos los primeros que empezaron a reivindicar la dación en pago. Pero antes que enfrentarse a los bancos, cuenta Ada, tuvieron que hacer frente a un “enemigo interior, que no habíamos previsto, y que eran aspectos sociales y culturales. Nos encontramos que a la gente que sufría esto en soledad lo que más le preocupaba era la vergüenza y el miedo. Bueno, y que interiorizaban el discurso oficial de que era culpa suya, el de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Así que antes de pensar en movilizaciones lo primero fue construir un espacio de apoyo mutuo, donde los afectados se encontraran y vieran que no eran los únicos. “Ahora estamos muy contentos porque, aunque todavía no hemos conseguido cambiar la ley hipotecaria, sí hemos logrado cambiar el imaginario social, que no es poco. Ahora todo el mundo entiende que ha habido una estafa. Todo el mundo sabe qué es la dación en pago y el 90% la apoya. Pero cuando empezamos era algo invisibilizado y estigmatizado.” Dicho esto, la PAH en su manifiesto tampoco elude la responsabilidad individual de las personas que firmaron una hipoteca aun sabiendo que su sueldo no daba para pagarla y vivir al mismo tiempo.

Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la hipoteca (PAH)

Pero ¿qué papel juega la desobediencia civil en las acciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca? Según Colau, ésta no es un fin en si misma, sino que forma parte de su estrategia para conseguir el objetivo de cambiar la ley hipotecaria introduciendo sus tres demandas: dación en pago, alquiler social y moratoria en el pago de las hipotecas. Mientras la ley cambia o no, hay gente, añade, que no puede esperar, es cuestión de supervivencia. Aun así la desobediencia es el último recurso: “Antes agotamos todas las vías, hablamos con los servicios sociales, con el banco, con las oficinas de vivienda, con los partidos, con los ayuntamientos, presentamos recursos ante el juzgado para ganar más tiempo… Pero cuando todo esto fracasa no tenemos más remedio que recorrer a la desobediencia civil para parar desahucios.” En este caso es cuando se hacen llamamientos a través de las redes sociales para que acuda la gente a una dirección concreta. Normalmente cuando llega la comitiva judicial y ve la gente congregada, el desahucio se aplaza, se gana tiempo. Otra cosa es cuando el juez dice que hay que hacerla efectiva. Entonces es cuando llega la policía y obliga a las personas a salir de la vivienda. “Como es una acción no violenta no nos enfrentamos a la policía. Como mucho hay identificaciones y puede haber multas; en ese caso se busca la manera de hacerle frente de forma colectiva”.

 

Perder el miedo o que este cambie de bando

Para Arcadi Oliveres “la situación de deterioro social es tan grande que mucha gente no se conforma con ir un día a una manifestación o hacer huelga. Pero es verdad que este tipo de acciones de desobediencia son minoritarias porque hace falta una mayoría y que esta pierda el miedo”. Para Raimundo Viejo, sin embargo, el miedo va a estar ahí siempre porque “creer que puede haber una sociedad sin miedo es creer que puede existir algo contrario a la naturaleza humana. El miedo existe, la pregunta es ¿quién tiene miedo?” La cuestión, dice, es saber cómo cambiar de bando el miedo o “como mínimo redistribuirlo y que el miedo de la gente sea miedo a la enfermedad, al accidente, el miedo razonable de una vida de calidad”.

Quien ya ha perdido el miedo es Antonio, un hombre de 48 años que encontramos en una protesta de las PAH catalanas ante la sede de Catalunya Caixa. Nos cuenta que él era autónomo y el negocio que tenía le empezó a ir mal. Las cuotas impagadas de la hipoteca se acumulaban y no les podía hacer frente. Fue entonces cuando una conocida le habló de la PAH de Sabadell y ellos le ayudaron a negociar con su banco para conseguir la dación en pago. La consiguió pero no tenía dónde ir así que cuando la PAH ocupó un edificio vació que pertenece a Catalunya Caixa no dudó en ocupar una de las viviendas. Esto fue en abril del año pasado y él y dos familias más siguen allí. Le preguntamos si sabe que lo que está haciendo es ilegal y si no tiene miedo. Su respuesta: “Antes sí podía tener miedo, ahora lo he perdido porque era esto o la calle”.

La intención de Antonio no es vivir gratis en esas viviendas sino pagar un alquiler social basado en lo que cada uno pueda aportar. Desde la PAH de Sabadell explican que esa es su voluntad y desde el principio han querido abrir una cuenta para poder ingresar el dinero, pero que Catalunya Caixa se lo impide. La ocupación de bloques de viviendas vacíos es otra de las acciones que ha emprendido la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La llaman irónicamente “Obra Social La PAH” y ya son seis los casos en el área metropolitana de Barcelona, en Sabadell hay otro edificio ocupado más. En el primer caso, donde ahora vive Antonio, el juez ha archivado la denuncia de ocupación porque el banco no ha podio acreditar la propiedad de bloque. En otro edificio de cinco viviendas el propietario, un grupo inmobiliario, les ha denunciado por usurpación.  Cuando nos despedimos de Antonio nos cuenta que su caso ha salido en medios alemanes, franceses y japoneses. Una chica nos dice sonriendo “es el Antonio Banderas de la PAH de Sabadell”.

 

Cartel Yo sí Sanidad Universal

Cuando la chispa prende…

Contravenir la norma acarrea un castigo, normalmente en forma de multa. “Yo entiendo que la gente quiera hacer esas acciones como tipo de protesta” -explica María Teresa Saez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)- “me parece muy legítimo pero tiene que asumir las consecuencias y esto va implícito en la misma protesta”. Josep Casadellà tenía claro que estaba haciendo un acto de desobediencia civil cuando decidió no pagar por pasar un peaje de la autopista que une Barcelona con Girona. Josep afirma que “ya se ha pagado demasiado tiempo; 43 años pagando unas autopistas no tiene color, no puede ser y ya está”. En marzo del 2012 iba con su hijo en coche y oyó en la radio unas declaraciones de la ministra de Fomento Ana Pastor que decía que iban a rescatar las autopistas deficitarias de Madrid con los rendimientos de las autopistas de Cataluña y de otros lugares que eran las que daban beneficios. Luego se desmintió pero en ese momento, cuenta, iban a pasar por un peaje y dijo la ya famosa frase “no vull pagar” (no quiero pagar). Lo grabaron, lo colgaron en youtubey prendió la mecha.

En los fines de semana siguientes la gente imitó a Josep y formularon la misma frase. Así, miles de negativas a pagar los peajes. Algo insólito hasta entonces. Aunque no era la primera vez que Josep hacía un llamamiento a la desobediencia: el año anterior había hecho una campaña en Facebook para que el 11 de septiembre del 2011 -la Diada de Cataluña- la gente no pagase peajes. “Y lo hice yo mí me conmigo”, bromea. ¿Por qué entonces no cuajó y meses más tarde sí? “Yo entiendo que era el momento”, cuenta Josep. En temas de desobediencia civil hace falta que haya una chispa y que se encienda, pero si no hay paja a punto no se enciende. “Fue un momento muy concreto, por un lado la crisis y por otro los medios que lo publicaron… y todo junto hizo que se disparase”. Uno de los factores determinantes para que una acción de este tipo cuaje es, según Raimundo Viejo, que no haya una postura ideológica muy marcada. “La PAH ha sido muy inteligente en este sentido”, afirma, “porque uno de los errores de los movimientos actuales es hacer lecturas ideológicas, sectarias”.

 

… y la mecha se extingue

Seguimos en Cataluña: en diferentes fines de semana de la primavera de 2012 se han producido hasta 50.000 negativas a pagar los peajes por parte de 25.000 personas, según la plataforma No vull pagar, y Abertis, la empresa concesionaria, hace un llamamiento al gobierno. Empiezan a llegar las multas de 100 euros y la protesta se desinfla.  “Cuando yo hice el primer no vull pagar, yo era consciente de estar desobedeciendo una norma, un decreto que sale cada año con las tarifas que hay que pagar. Por tanto, yo era consciente que era un acto de desobediencia civil que podría tener repercusiones en mi contra. Ahora, no sé si la gente que luego se negó a pagar el peaje era también consciente”, explica Josep. Multas que, por otro lado, no eran legales y se podían recurrir ya que por entonces se trataba de una infracción contractual y era la empresa concesionaria, Abertis, y no el Servei Català de Trànsit (la autoridad catalana de tráfico) la que tenía que denunciar a los conductores que no hubiesen pagado el peaje. Es más, Josep afirma que hasta la fecha él no ha pagado nada porque ha ido interponiendo recursos.

La campaña No vull pagar ha tenido consecuencias, aunque no de la forma que quisieran los impulsores de la protesta: en los presupuestos generales para el 2013 el gobierno ha modificado la ley para poder sancionar, ahora sí, a las personas que se nieguen a pagar un peaje. Si a esto les sumamos las nuevas tasas judiciales es fácil comprender que se desanime incluso el promotor de la idea, que ha optado por no utilizar las autopistas de peaje. A pesar de todo, la plataforma mantiene que van a seguir pensando en nuevas movilizaciones para mantener la protesta. De momento van a pedir responsabilidades por utilizar el código de circulación para sancionar un hecho, el no pagar, que no era sancionable por entonces.

Ley legal no es lo mismo que ley legítima

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha recogido firmas para intentar cambiar la ley hipotecaria mediante una Iniciativa legislativa popular (ILP). Desde 1982 se han presentado 92 ILP al Congreso las cuales han sido inadmitidas, rechazadas, caducadas o bien trasladadas a la siguiente legislatura. Para la ILP de la dación en pago, la PAH y otras entidades han presentado 1.402.854 firmas, casi el triple del medio millón de firmas exigio. Quieren que en el trámite de debate en el Congreso del decreto ley que aprobó el gobierno para regular la dación en pago en ciertos casos, se debatan y se aprueben las tres demandas mínimas de la PAH. “Si esto no ocurre”, afirma Ada Colau, “el gobierno estará legitimando que se extienda la desobediencia civil masiva. Que haya una subida de tono de las protestas y que sean masivas y sistemáticas porque no estarán simplemente ignorando un problema sino que serán cómplices explícitos del sufrimiento de la gente. Y estamos pensando en campañas que extiendan la desobediencia civil mucho más allá de las ocupaciones de viviendas”. En este punto no han querido avanzar de qué medidas se trata.  Por lo pronto asegura que señalarán y perseguirán a los diputados que voten en contra de las tres demandas básicas que piden, les harán “responsables del sufrimiento de la gente y no les dejaremos vivir tranquilos”.

 

Desobediencia matizada

Retomamos la conversación con Martí Olivellas, quien nos comenta que, 40 años después de la campaña por la objeción de conciencia, está a punto de lanzarse una nueva campaña de desobediencia civil denominada “Llamada a la desobediencia civil por los derechos ciudadanos y contra la dictadura financiera”. Cuenta Martí que se trata de recuperar una campaña que hicieron hace tres años llamada “Prenda fiscal por la transparencia” que consistía en no pagar a Hacienda e ingresar el dinero en una cuenta de banca ética, hasta que el gobierno explicara con transparencia a qué se destinaban los impuestos. Ahora se trata de retomar esa campaña pero para que sea masiva proponen hacer el ingreso en la Caja General de Depósitos, un órgano administrativo del Ministerio de Economía que se encarga de la gestión y control de las garantías y depósitos que se hayan constituido ante la Administración Pública. Asegura Martí Olivellas que “no estás defraudando. Lo que dices es que el día en que ustedes (el gobierno) tengan la ley de transparencia, acaben con la corrupción y sepamos cómo gestionan nuestro dinero, le pagaré mis impuestos que tengo retenidos en la Caja de Depósitos”. Pero entonces, si no se está dejando de pagar sino reteniendo ese dinero en una caja del mismo ministerio, ¿hablamos también de desobediencia civil? “Se trata de una acción de desobediencia muy matizada y pensada para el gran público. Pero cada uno puede modular el riesgo: por ejemplo destinando lo que tendría que pagar a Hacienda a un préstamo sin interés a una entidad social que debería haber recibido dinero del Estado pero no lo ha recibido.” ¿Y creen que tendrá seguimiento? “Eso esperamos, el próximo 16 de febrero hay asamblea y se acabará de perfilar. Y luego empieza la campaña de la declaración de la renta. Es el momento óptimo.” En ese caso, cuando se presente, habrá que ver si la sociedad está dispuesta, que no preparada, para desobedecer.

 

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Elisenda Ariza

Periodista, prefiere la palabra escrita. Una de las cosas que más le gustan de esta profesión es la de poder seguir aprendiendo y escuchando a la gente que tiene mucho que aportar. Vivió tres años en París y por eso dice que se quedó ahí, entre Barcelona y París. Twitter: @barcelonaparis

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